Cualquier sistema cuando se maneja bien da buenos resultados, sin embargo se va a dar un problema en el mes de julio cuando se establezca en todo el país la Reforma Penal, porque no se tomaron las medidas complementarias e indispensables como la colegiación obligatoria de los abogados, y el control de calidad de los estudios jurídicos.
Así lo aseguró el doctor Diego Valadés Ríos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, durante su participación en el VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional, quien dijo que falta colegiación de profesionistas y abogados en el sistema de oralidad en la Reforma Penal.
“Ahora estamos en una de las mejores escuelas de derecho del país, la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la UASLP, pero cabe destacar que en el país hay 1,600 escuelas de derecho, la mayor parte sin controles académicos adecuados y sin calidad académica, como en su personal docente, sin instalaciones adecuadas, ni bibliotecas suficientes”.
Se están preparando a millares de jóvenes abogados pero solamente de manera formal, no con los conocimientos reales, y ello va a tener consecuencias adversas para el sistema de procesos orales, por la falta de colegiación, como la falta de requisitos adecuados para la formación de los nuevos abogados. .
El doctor Valdez Ríos, indicó que desde su punto de vista en la implementación de la Reforma Penal se han descuidado muchos aspectos.
“Se puede corregir, el problema es que todo indica que tendremos un gran fracaso porque no hay abogados preparados ni actualizados, no hay personal en el ámbito de la procuradurías, ni policías capacitados para las nuevas exigencias”.
La mayor parte de los asuntos serán objeto de negociación entre los abogados de la parte defensora y los abogados de la parte acusadora.
En Estados Unidos, el número de asuntos que llegan a juicio es alrededor del 18 o 20 por ciento del total de los procesos que llegan al juez, todos los demás se negocian.
“Imaginemos un proceso de negociación entre autoridades no controladas y abogados no controlados, ni en el orden de la preparación jurídica ni en la idoneidad de ética, de manera que nos acercamos a un momento muy difícil de la justicia mexicana”.
