Roberto Gutiérrez
Tratar de imponer candados a las marchas, manifestaciones y plantones de todo tipo que realizan los ciudadanos en la Capital, es una mala idea, en todo caso bastaría aplicar la ley, que no se hace, por una razón de estado muy sencilla, una protesta de cualquier tipo es un escape al conflicto social que permea en una sociedad desigual como la nuestra.
Por eso el gobierno solo les echa un ojito, documenta quienes son, que piden a quienes representan, para ver si son sobornables o no y se ufana de que en un estado, hay democracia, se garantiza el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se limita a quienes disienten en contra del estado de cosas.
De acuerdo a estándares internacionales, si hay protestas en las calles, se debe a que existen instituciones ineficaces, corruptas, displicentes, inoperantes, que abusan del poder público y creo que tienen razón. Los ciudadanos dejan la comodidad de sus hogares inconformes por políticas públicas que les afectan, por lo que limitar esa manifestación de las ideas no solo sería un absurdo sino un acto represor.
Hay sin embargo quienes no lo entienden así, por eso surgen propuestas como la del diputado del PAN Alejandro Lozano González, alias el “Boris”, de que deben ser reglamentadas y las impulsan desde la comodidad de una curul, con aire acondicionado, secretarias y salarios estratosféricos, bonos, etcétera, lo que representa una ofensa para el resto de los potosinos.
La inconformidad social siempre ha sido un enigma para quienes viven a costa del erario, además la consideran desleal con la patria, con el desarrollo del estado y ahora en contra del libre tránsito, aunque en el fondo, lo que hay, es un temor creciente de que sea siempre el comienzo de una revuelta.
En todo caso es más dañino para un estado y para un país, que haya congresos ricos y pueblos pobres, pues perpetúan el abuso del poder en vez de ceñirse al cumplimiento de la ley, a través de instituciones que carecen de honestidad en el ejercicio de la función pública y el manejo de sus recursos.
La lucha entre ciudadanos y el estado siempre ha sido desigual, por eso se recurre a la manifestación, el enojo social ha rebasado con mucho los parámetros de la ley, pues observa atónito como los responsables de vigilar su cumplimiento son los primeros que la trasgreden.
La conceptualización de la reglamentación que hace el diputado Alejandro Lozano, está sustentado en una visión ligth del conflicto social, sin ningún antecedente histórico que sea socialmente valido y que responde más a una posición distorsionada de la lucha ciudadana, que a razones de estado o de una comunidad, que ha sido afectada por el abuso del poder y sin otra arma que la de salir a las calles a defender sus derechos.
En todo caso a quienes se debería reglamentar sería a los propios diputados y a la facilidad con la que disponen del erario, para que se ajusten a una austeridad republica que reclama una sociedad, con las vías cerradas al empleo, que ellos si les otorgan a sus “cuates”, a sus familiares y a sus amigos.
Que gozan de un sistema de salud privado que cubren con los impuestos que todos pagamos, para que en todo caso vayan a las instituciones de salud públicas. Que disponen teléfonos, vehículos, comidas, gastos personales, etcétera de forma gratuita, solo por ocupar un asiento en el Congreso, en representación de el pueblo potosino, al que ahora le quieren quitar lo último que les queda, el derecho a manifestarse.
