Los adultos que permitan y no denuncien agresiones contra menores podrían ser sancionados con una multa de hasta 200 mil pesos.
Esa medida está contemplada en la propuesta de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, enviada ayer el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado y que deberá aprobar el Congreso en los próximos 30 días, al ser una iniciativa preferente.
«La ley contempla medidas contra el acoso y la violencia escolar, estableciendo mecanismos de denuncia y protocolos para la atención de niños afectados, además impone multas de hasta 3 mil veces el salario mínimo a los adultos que, teniendo conocimiento, no impidan cualquier tipo de abuso, acoso o agresión escolar.
«Ello independientemente de otras responsabilidades civiles o penales en las que se pueda incurrir. Esta ley será un instrumento eficaz para combatir el bullying», resumió el Primer Mandatario durante el evento «México sin Trabajo Infantil».
La iniciativa contempla un capítulo sobre el derecho a la protección contra todas las formas de venta, trata, explotación, abuso, abandono o crueldad, en el que se indica que los Gobiernos estatales deberán crear legislaciones y planes para combatir esos ilícitos.
Se plantean sanciones para medios de comunicación hasta de 40 mil días de salario mínimo y cuatro años de cárcel por difundir imágenes, nombres o voz de menores, sin la autorización; y 140 mil días de salario a los concesionarios que transmitan contenidos «perturbadores o hagan apología del delito».
Los DIF nacional y estatales deberán crear dentro de su estructura una Procuraduría de Protección, que podrá representar a menores involucrados en procedimientos penales y administrativos.
Y en medio la crisis de menores migrantes, la iniciativa contempla nuevos derechos para niños no acompañados, como servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, además de garantizar instalaciones adecuadas para su atención y asistencia consular.
Durante el evento, se dio a conocer que 2.5 millones de niños trabajan en el País.
El Presidente confió en que con la implementación de la reforma al artículo 123 de la Constitución, que entró en vigor en junio y establece que la edad mínima para incorporarse a actividades económicas son los 15 años, la cifra disminuya en los próximos años.
Estrenan facultad
El proyecto de ley para la protección de niños y adolescentes, que deberá aprobar el Congreso en 30 días, contempla:
· Creación de la figura de «familia de acogida», para que un menor pueda desarrollarse en un clima armónico sin ser adoptado.
· Un sistema de coordinación entre los Gobiernos para localizar de inmediato a menores sustraídos, tanto en el exterior como interior
· Creación de un censo de albergues, el cual deberá ser actualizado cada seis meses y un informe de verificación a sus instalaciones.
· Los niños migrantes serán documentados como «Visitante por Razones Humanitarias»
· Obligación para que los DIF cuenten con programas sobre nutrición y educación sexual en adolescentes.
